La Cámara de Diputadas y Diputados solicitó formalmente al Presidente José Antonio Kast que inicie los pasos necesarios para la construcción de un hospital oncológico para la Región del Biobío, en el marco de la alerta sanitaria decretada en marzo de este año por el Ministerio de Salud para abordar las listas de espera para tratamientos o diagnósticos por esta patología a nivel nacional.
El pasado 22 de julio, la Sala de la Cámara Baja aprobó con unanimidad -133 votos a favor y ninguno en contra- un proyecto de resolución propuesto por el diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), quien advirtió que la región penquista que representa atraviesa «una realidad particularmente compleja» en la materia.
«Su perfil epidemiológico muestra una alta incidencia de cánceres digestivos, especialmente gástrico y colorrectal, junto con una importante carga de enfermedad en cáncer de mama y próstata. Sin embargo, la capacidad resolutiva regional resulta insuficiente, lo que obliga a numerosos pacientes a trasladarse a otras regiones, particularmente a Santiago, generando inequidades territoriales, sobrecarga en la red asistencial y un deterioro significativo en la calidad de vida de los pacientes
y sus familias, donde los hospitales con unidades de oncología no dan abasto», expuso en el texto.
Por ello, el proyecto de acuerdo solicitó al Mandatario la construcción de un recinto en el Biobío, donde se garantice «una dotación permanente de capital humano especializado (…) así como la incorporación de tecnología de alta complejidad», iniciativa que debiese enmarcarse «como una medida estructural complementaria a la alerta sanitaria vigente».
El Ministerio de Salud anunció el 20 de marzo la declaración de una alerta sanitaria oncológica para abordar las listas de espera y entregar respuesta oportuna a cerca de 33 mil pacientes que esperaban diagnóstico y/o tratamiento de cáncer a nivel país. El 6 de julio, el Minsal informó que en los primeros 90 días había logrado gestionar el 99,9% de los casos, bajo un modelo de tres fases: identificación y validación; vinculación y contacto; y resolución y acompañamiento. La medida, en principio, estará en vigor hasta el 30 de septiembre.
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